La nueva Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, publicada el 2 de abril de 2025, tiene un objetivo claro: reducir al mínimo el desperdicio de alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria. Pero más allá de su impacto medioambiental o económico, esta norma trae consigo implicaciones reales en el ámbito laboral que muchas empresas aún no han empezado a analizar.
Si tu empresa produce, transforma, distribuye o vende alimentos, esta ley también toca tu forma de organizar el trabajo.
Nuevas funciones, nuevos ajustes en la plantilla
La ley obliga a las empresas a aplicar medidas para prevenir y gestionar los excedentes de alimentos. Eso implica cambios operativos concretos:
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Clasificación y trazabilidad de productos
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Identificación de excedentes antes de su caducidad
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Donación a entidades sociales o transformación para otros usos
Y todas estas tareas necesitan personal, tiempo y responsabilidad. En muchos casos, supondrán nuevas funciones dentro de los mismos puestos, lo que puede derivar en modificaciones contractuales o ajustes organizativos.
¿Implica cambios en contratos o condiciones?
Sí, en algunos casos. Reasignar tareas, cambiar turnos o modificar responsabilidades por aplicación de esta ley podría considerarse una modificación sustancial de condiciones de trabajo.
Esto requiere no solo diálogo con los trabajadores, sino también una buena estrategia de implementación legal. No es lo mismo hacer un pequeño ajuste que modificar la estructura de un departamento logístico o de control de calidad.
Formación obligatoria: no se improvisa
Otro punto clave es la necesidad de formar al personal para cumplir correctamente la normativa. No se trata solo de enseñar qué hacer con los productos que no se venden. También es importante que los trabajadores entiendan:
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Cuándo un alimento es apto para redistribuir
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Cómo manipularlo correctamente
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Qué protocolos deben seguirse para donarlo o transformarlo
Esto no es un simple curso de buenas prácticas. Es parte del cumplimiento legal.
¿Qué pasa con la colaboración con entidades sociales?
La ley promueve que las empresas donen excedentes a entidades del tercer sector. Esto es positivo, pero también implica que el personal deberá coordinarse con agentes externos. Y eso plantea nuevas dinámicas que pueden afectar a la carga de trabajo, la seguridad y la confidencialidad.
Conviene establecer protocolos claros, formar a quienes participen en estas acciones y definir bien las responsabilidades.
¿Y si tengo que contratar más personal?
Es probable. Para cubrir picos de actividad relacionados con la aplicación de la ley, se podrá recurrir a contratos temporales por circunstancias previsibles. La ley permite hasta 90 días al año de este tipo de contratos, ampliables a 120 días en el sector agroalimentario.
Pero cuidado: esta medida, aunque flexible, debe estar bien justificada y documentada, para evitar sanciones o conflictos laborales.
¿Y la Inspección de Trabajo?
También tendrá un papel. La Inspección podrá revisar no solo si cumples con la ley desde un punto de vista técnico, sino también si has aplicado correctamente los cambios a nivel organizativo y laboral.
Esto incluye revisar:
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Formación recibida por el personal
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Asignación de tareas y condiciones laborales
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Justificación de nuevas contrataciones
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Protocolos internos de actuación
¿Qué puedes hacer como empresa?
Adaptarse a esta nueva normativa no es solo una cuestión de cumplimiento. También es una oportunidad para revisar y mejorar la eficiencia operativa, reducir riesgos laborales y reforzar la cultura corporativa.
En ThinkCo, ayudamos a las empresas a anticiparse a este tipo de cambios normativos. Evaluamos el impacto laboral de la ley, proponemos ajustes contractuales, revisamos tus procesos y te acompañamos en su correcta implementación.
¿Tienes dudas sobre cómo puede afectar esta ley a tu plantilla?
Es mejor adaptarse a tiempo que tener que improvisar luego.
