En esta entrada nos gustaría abordar la práctica de los despidos pactados entre trabajadores y empresas, comúnmente conocidos como “arreglar los papeles para el paro”.
Es frecuente que algunos empleados deseen acceder a la prestación por desempleo. Sin embargo, si presentan una baja voluntaria, no tendrán derecho a percibirla. Por ello, es habitual que se pacte un despido disciplinario u objetivo para que puedan acceder a esta prestación. En muchos casos, las cartas de despido utilizadas en estos acuerdos son breves y genéricas, sin cumplir los requisitos formales establecidos en la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
El papel del SEPE y el protocolo anti-fraude
Cuando el trabajador presenta la carta de despido y el certificado de empresa ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), este organismo revisa si el despido ha sido impugnado a través de los canales legales. En caso de sospechar un despido simulado, el SEPE puede activar su protocolo anti-fraude y notificar a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que investigará si existe fraude en el cese.
Consecuencias del fraude en el despido pactado
- Para el trabajador: Podría perder su derecho a la prestación por desempleo, estar obligado a devolver cualquier cantidad cobrada indebidamente y enfrentarse a una sanción que le impida solicitar futuras prestaciones durante un tiempo determinado.
- Para la empresa: Podría recibir sanciones económicas y enfrentarse a multas considerables por participar en la simulación del despido.
Recomendación de ThinkCo Consultoría
La prestación por desempleo está diseñada para trabajadores que han perdido su empleo por causas reales y ajenas a su voluntad, como despidos disciplinarios o por razones económicas, técnicas, organizativas o productivas. Desde ThinkCo Consultoría, aconsejamos tanto a trabajadores como a empleadores que eviten incurrir en prácticas fraudulentas para evitar sanciones económicas.
Si has sido despedido, estamos a tu disposición para ayudarte con la presentación de la papeleta de conciliación ante el Servicio de Mediación y Arbitraje, y, si fuera necesario, con la demanda ante el Juzgado de lo Social.
